Madrid, 11 dic (EFE).- La Ley de seguridad privada aprobada en el Parlamento ha puesto de manifiesto la diferente acogida que la misma tiene entre las empresas del sector y las fuerzas de seguridad del estado, contrarias a la nueva regulación impulsada por el gobierno.
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) considera que el proyecto de Ley "respeta escrupulosamente los derechos y libertades de los ciudadanos", y supone "actualizaciones lógicas" que "en algunos casos ya eran prácticas habituales".
Por el contrario, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), entiende que la Ley "es innecesaria" y que la prestación de los servicios de seguridad privada ya están "suficientemente" desarrollados en la actual legislación al respecto, que data de 1992 y ha sufrido varias modificaciones desde entonces.
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