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El soborno, el tráfico de influencias y la extorsión reinaban en todo el imperio, ni Roma ni ninguna de las provincias fue nunca excepción, y esto era parte de su sistema. De hecho, el gobierno de las provincias era considerado como una “empresa económica privada”, y el gobierno central dejaba hacer, con tal que pagaran periódicamente ciertas sumas de dinero o de bienes. El propio Cicerón no escapó a ello cuando fue funcionario público e incluso afirmó que el pillaje de las provincias era el “procedimiento senatorial para enriquecerse”. Mas el enriquecimiento de los funcionarios no solo lo realizaban mediante sobornos y propinas sino que también directamente de las arcas del estado, por medio de las dietas que absorbían la mayor parte de los fondos imperiales.