Se trata de ejecuciones extrajudiciales, miles de civiles fueron asesinados por militares y fueron contabilizados por el Ejército haciéndolos pasar por guerrilleros de las FARC.
“Los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la Justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar. También, hay que incluir a los actuales comandantes del Ejército nacional y de las fuerzas militares colombianas”, ha relatado José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas.
El informe de la ONG aborda el periodo entre 2002 y 2008 en el que el actual presidente ejerció, en parte, como ministro de Defensa. Manuel Santos ha rechazado tales acusasaciones y ha pedido a Human Rights Watch que no señale a los altos mandos
“sin ninguna documentación”, porque “esa no es la forma de vigilar por el respeto de los derechos humanos”.
Según Human Rights Watch, durante el periodo investigado
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